Eduardo Taboada, secretario general de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), Santa Fe, habló en el programa «La Barra de Casal sobre el proyecto de adhesión de Santa Fe a la Ley Nicolás que se debate en el Senado provincial y explicó por qué el sector médico objeta puntualmente uno de sus artículos, referido al registro de hechos centinela.
El eje del planteo de Taboada gira en torno a lo que la ley denomina «hecho centinela», definido como un hecho inesperado que causa la muerte o un daño físico o psicológico grave del paciente, no relacionado con el curso natural de su enfermedad. Según explicó el dirigente, ante la ocurrencia de este tipo de hechos, el profesional de la salud queda automáticamente incorporado a un registro tipo «veraz», sin que medie una condena o sentencia previa que determine su responsabilidad. Taboada remarcó que esto vulnera el principio de que «uno es inocente hasta que se muestre lo contrario», y que el sector no se opone a la ley en su conjunto, sino específicamente a este mecanismo, al que consideran una sanción de hecho: «el registro ya de por sí es una sanción», afirmó, y agregó que una vez que un profesional queda inscripto, la sospecha social ya se instaló, incluso si después se demuestra su inocencia.
Para ilustrar su objeción, Taboada recurrió a varios ejemplos concretos. Mencionó el caso de un médico que, en una ambulancia sin desfibrilador cargado, no pudo salvar a su propio padre durante una emergencia en un estadio de fútbol, y se preguntó quién sería responsable en un caso así si la falla fue de infraestructura y no del profesional. También planteó un escenario hipotético de un recién nacido que muere por falta de una incubadora, para remarcar que muchas veces las falencias corresponden a las instituciones —sobre todo las públicas— y no a la actuación médica individual. En este sentido, señaló que persisten problemas estructurales serios, como ambulancias en el norte provincial que circulan sin médico o con apenas un enfermero, y cuestionó si una ley puede resolver ese tipo de carencias.
El dirigente también trazó un paralelismo con el mundo de los seguros y juicios por mala praxis, describiendo lo que definió como un «negocio» en el que las compañías aseguradoras suelen arreglar los casos antes de llegar a una sentencia final. Citó además una reflexión de un profesor de Derecho, según la cual la historia clínica es el mejor resguardo de un médico para demostrar su inocencia, y puso en duda que todos los centros de salud cuenten hoy con las condiciones —como computadoras disponibles— para garantizar un registro adecuado.
Taboada fue enfático en aclarar que su entidad respalda el derecho del paciente y no busca eludir responsabilidades profesionales, pero insistió en que el registro debería producirse únicamente tras un proceso que determine si efectivamente hubo una falta, y no de manera automática ante la sola ocurrencia del hecho. Como propuesta, planteó la posibilidad de instrumentar un mecanismo «más sumarísimo», es decir, más rápido, para determinar con celeridad si hubo o no responsabilidad del profesional, en lugar de mantenerlo bajo sospecha de forma indefinida.