Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora de la Causa Libra, habló en el programa La Barra de Casal sobre la decisión del juez Martínez de Giorgi de apartar a los querellantes de la causa Libra y calificó esto como «un paso más para tratar de consagrar impunidad» en uno de los expedientes que más incomoda al presidente de la Nación.
El diputado remarcó que esta decisión llega después de más de un año en el que se avanzó poco en el expediente pese a la cantidad de pruebas aportadas tanto por la Comisión Investigadora como por distintas áreas técnicas del Ministerio Público Fiscal. Citó en particular el último informe de la Policía Federal, que ratifica que el contrato publicado por el presidente, identificado con una cadena de más de 40 caracteres alfanuméricos, no tenía estado público, y que la operación estuvo concentrada en muy pocas personas, lo que a su juicio evidencia un manejo de información privilegiada: según Ferraro, algunas personas operaron minutos antes o después de la caída abrupta de Libra y obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares.
El legislador vinculó esta decisión judicial con el hecho de que el Senado de la Nación aprobó, tiempo atrás, el pliego de la esposa del juez Martínez de Giorgi para ocupar un cargo judicial, pliego que fue elevado por el propio presidente Milei y que solo resta ser formalizado por decreto presidencial. Ferraro planteó la hipótesis de una posible «devolución de favores», aunque aclaró que se trata de una posibilidad y no de una certeza. En ese marco, cuestionó el desempeño del fiscal de la causa, Eduardo Taiano, a quien acusó de no haber citado a declarar ni testimonial ni indagatoriamente a ninguna persona vinculada al caso en más de un año. En ese sentido destacó a diferencia de lo actuado en la causa Libra, el bueno trabajo realizado por ejemplo por los fiscales Picardi en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y del fiscal Policitas en la investigación sobre un presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal de Manuel Adorni.
Ferraro también recordó que sobre el mismo expediente pesa una denuncia presentada junto a la diputada Mónica Frade contra el presidente y su hermana, Karina Milei, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública agravadas y tráfico de influencias. Además, señaló coincidencias temporales entre reuniones autorizadas por Karina Milei en la Casa Rosada y en la quinta de Olivos, transferencias de dinero del promotor Hayden Davis a Mauricio Novelli, y movimientos de cajas de seguridad vinculados a familiares de Novelli, documentados en parte por la Comisión Investigadora y en poder también del fiscal.
Consultado sobre un eventual involucramiento de Manuel Adorni en el caso Libra, Ferraro dijo no descartar ninguna hipótesis sobre un posible enriquecimiento del exjefe de Gabinete. Sobre el funcionamiento institucional, señaló que las comisiones de control parlamentario sobre organismos de inteligencia y sobre decretos de necesidad y urgencia no se reúnen desde hace meses, y mencionó un reciente fallo de la Cámara Nacional Electoral que declaró nulo un decreto sin que el Congreso avanzara al respecto. Consultado sobre si se trata de «otro gobierno más corrupto», Ferraro respondió que, a su criterio, no es una cuestión de escala: «es corrupción», dijo, mencionando en el mismo sentido el caso Hidrovía, la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad y el caso Adorni que aún no explicó su crecimiento patrimonial. Finalmente, aclaró que los querellantes apartados de la causa Libra pueden apelar la decisión ante la Cámara Federal, que ya los había habilitado previamente como querellantes, al igual que lo había hecho en su momento la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.}